Artículo de opinión por Lola Dyzenchauz.

La marcha universitaria del 2 de octubre de 2024 se convirtió en un evento clave para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el sistema universitario público en Argentina. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores se movilizaron por las calles en todo el país para reclamar por el ajuste presupuestario, que está afectando tanto los salarios como el normal funcionamiento de las universidades. La creciente inflación y la falta de inversión estatal han puesto en jaque a uno de los pilares más importantes de la educación pública argentina.

Crisis salarial y su impacto en el sistema educativo

El tema de los salarios fue uno de los principales reclamos durante la marcha. Aproximadamente el 90% del presupuesto universitario está destinado a sueldos, lo que significa que solo queda un 10% disponible para gastos operativos. Este pequeño margen está destinado a cubrir servicios básicos como el mantenimiento de edificios, laboratorios, y el pago de las tarifas de los servicios públicos, que se han disparado debido a la inflación. En este contexto, el incremento nominal del 70% en el presupuesto para gastos de funcionamiento no incluyó ningún tipo de mejora en los salarios de los docentes, lo que profundiza la crisis.

La situación es particularmente crítica para los docentes con dedicación simple, cuyos salarios han quedado muy por debajo de la línea de pobreza. El salario básico de muchos de estos docentes no alcanza para cubrir las necesidades básicas en un contexto de inflación galopante, lo que ha generado una creciente sensación de insatisfacción y precariedad laboral en el sector educativo. Para muchos docentes, la docencia universitaria ha dejado de ser una opción viable como única fuente de ingresos, viéndose obligados a buscar trabajos adicionales para subsistir.

Además de la situación salarial, el recorte del presupuesto ha llevado a las universidades a funcionar con un presupuesto real que es la mitad del disponible el año anterior. Se estima que los fondos alcanzarán, en el mejor de los casos, hasta agosto de 2024, lo que hace imposible sostener las actividades universitarias durante todo el año académico. A pesar de los esfuerzos por implementar recortes en áreas no esenciales, las universidades ya han reducido al mínimo sus gastos para asegurar que al menos las cursadas puedan seguir desarrollándose.

Auditorías limitadas y el rol del Congreso

Otro punto de tensión que salió a la luz durante la movilización es la falta de auditorías externas en las universidades, especialmente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que concentra una gran parte del presupuesto universitario. Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), señaló al Congreso de la Nación como el responsable de la falta de controles exhaustivos en la UBA durante los últimos 10 años. En todo ese tiempo, solo se realizó una auditoría en la Facultad de Psicología.
Olmos explicó que la AGN no tiene la capacidad de decidir qué auditorías realizar, sino que estas dependen de los planes aprobados por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento, compuesta por diputados y senadores. A pesar de que se han iniciado auditorías en universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba y otras provincias, la UBA, por su tamaño y volumen de recursos, requiere un control más integral, que hasta ahora no ha sido aprobado por el Congreso.

Esto ha generado críticas sobre la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a las universidades. Sin embargo, Olmos desestimó que exista algún tipo de arreglo político para evitar las auditorías en la UBA, y destacó que cualquier propuesta para una auditoría más amplia dependerá de la voluntad de la comisión parlamentaria.
Efectos en la calidad educativa y en la investigación

La reducción del presupuesto no solo ha afectado los salarios, sino también áreas fundamentales para el desarrollo académico como la investigación, la extensión universitaria, y la vinculación cultural con la comunidad. Estas actividades han sido gravemente resentidas debido a la falta de fondos, lo que compromete la calidad educativa y el rol de las universidades como motores de conocimiento e innovación.

Los laboratorios, por ejemplo, enfrentan dificultades para mantenerse operativos debido a la falta de insumos y a las deficientes condiciones de seguridad. Esto es particularmente preocupante en áreas científicas y tecnológicas, donde los laboratorios son esenciales para la formación práctica de los estudiantes y para el desarrollo de investigaciones de alto impacto.

Además, las actividades de extensión universitaria, que permiten a las universidades generar vínculos directos con la sociedad a través de proyectos comunitarios y de desarrollo social, han sido reducidas al mínimo. Esto limita la capacidad de las universidades de cumplir su rol como instituciones al servicio del bienestar social y del desarrollo inclusivo.
Aumento de la matrícula en medio de la crisis

A pesar del contexto crítico, las universidades públicas han experimentado un aumento en la matrícula estudiantil. Esto se debe, en parte, a que muchas personas han migrado desde universidades privadas, al no poder seguir costeando los aranceles en medio de la crisis económica. También se debe al hecho de que, en momentos de recesión económica, muchos jóvenes eligen continuar con sus estudios universitarios ante la falta de oportunidades laborales.

Sin embargo, este aumento de la demanda genera una paradoja: mientras más estudiantes ingresan al sistema, menos recursos tienen las universidades para atender sus necesidades. Esta situación pone aún más presión sobre un sistema que ya está al límite de su capacidad operativa.

A pesar de todo, la resiliencia del sistema universitario argentino es notable. Desde la recuperación de la democracia, el número de estudiantes universitarios ha crecido de 500.000 a casi 2 millones. No obstante, este crecimiento no ha sido acompañado por un aumento proporcional en el presupuesto. Mientras que la matrícula se ha cuadruplicado en los últimos 40 años, el gasto público en educación superior como porcentaje del producto bruto interno (PBI) ha crecido mucho más lentamente, alcanzando un pico del 1,2% del PBI en 2015.

El futuro del sistema universitario argentino

El sistema universitario público argentino, que cuenta con 62 universidades nacionales y representa el 80% de la matrícula total, ha sido históricamente un motor de inclusión social y desarrollo. Sin embargo, el actual ajuste presupuestario pone en riesgo esta función. Mientras que países como Brasil y Chile tienen una mayor proporción de estudiantes en universidades privadas, en Argentina, 4 de cada 5 estudiantes asisten a universidades públicas, lo que convierte a este sistema en uno de los más inclusivos de la región.

El desafío a futuro es garantizar que este modelo inclusivo se mantenga, asegurando al mismo tiempo que las universidades cuenten con los recursos necesarios para seguir ofreciendo una educación de calidad. El debate sobre la financiación de la educación pública está en el centro de la discusión, y la movilización del 2 de octubre ha dejado en claro que tanto estudiantes como docentes están dispuestos a luchar por el futuro de las universidades públicas.

Conclusión

En conclusión, la marcha universitaria no solo denunció la insuficiencia de los salarios y el presupuesto, sino que también visibilizó el profundo impacto que el ajuste está teniendo en la calidad educativa, en la investigación y en el acceso a la educación. Ante una creciente demanda por parte de los estudiantes, el sistema universitario necesita urgentemente una revalorización y un financiamiento adecuado para seguir cumpliendo con su misión de formar a las futuras generaciones y contribuir al desarrollo del país.